Las causas que explican por qué cientos de miles de personas no pueden mantener su vivienda con una temperatura adecuada en los meses más fríos son diversas. “Una es el estado de los edificios, que muchos son muy viejos y no están aislados; otra es la bajada de la renta familiar, que es clarísima en España desde la crisis de 2008 hasta ahora; y la tercera es el modelo energético, que es un oligopolio en el que los precios de agua y energía han subido un 60% en los últimos años. La pobreza energética tiene, desde luego, mucho que ver con estas empresas”, explica María Campuzano, la portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) una asociación que se creó hace un par de años para poner de relieve y batallar contra los abusos de las empresas que copan el mercado de la energía.

Son solo cinco las compañías que comercializan gas, agua y luz en España y, a pesar de la ley catalana 24/2015 contra la pobreza energética, que obliga a las empresas distribuidoras a consultar a los servicios sociales antes de realizar un corte, este deber todavía se incumple en muchas ocasiones. Una de las más trágicas fue la que afectó a Rosa, una mujer octogenaria de Reus que vivía sola y que falleció el pasado noviembre después de que las velas que iluminaban su cuarto incendiaran el colchón en el que descansaba. La anciana tenía la luz cortada desde septiembre. “Una de las causas estructurales de la pobreza energética es cómo está organizado el mercado de la energía”, opina también Sergio Tirado, coordinador de estudios de la ACA e investigador del Melbourne Institute of Technology.

Entre 2006 y 2012 el gasto en energía subió un 60%, según su informe Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética, publicado por la ACA en abril de 2016. Sin embargo, ese mismo estudio señala que desde 2012 a 2014, los últimos ejercicios analizados, el gasto descendió un 10%. “Creo que los hogares más vulnerables están reduciendo su consumo. Mi opinión es que ese pequeño descenso viene del esfuerzo que están haciendo las familias para gastar menos”, explica Tirado.

El dossier también muestra la evolución de los ingresos por hogar en España, que entre 2006 y 2014 se redujeron un 10%, y que para los expertos es uno de los factores que ha provocado el incremento de la pobreza energética.

El estado de los edificios es otro de los motivos señalados por los expertos a la hora de explicar las causas de la pobreza energética. A nivel estatal, por ejemplo, no se aprobaron las Normas Básicas de Edificación hasta 1977, y hasta 2006 no se ratificó el Código Técnico de Edificación, que todavía sigue en vigor. “Muchos inmuebles son anteriores a la década de los 70 y no tienen ningún tipo de aislamiento, con lo que es más fácil llegar a temperaturas extremas”, dice Campuzano. La Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) realizó un estudio para relacionar pobreza energética y aislamiento de fachada. “Los resultados evidenciaban que aislar el edificio era uno de las medidas más influyentes para reducir este problema”, explica Marc Marí Dell’Olmo, estadístico y doctor en biomedicina de la ASPB. Además, una de las recomendaciones del estudio era que las intervenciones de fachada deberían ser gratuitas para los más necesitados dado el alto coste de este tipo de obras.

Ross Mary Riveros, de 71 años, es uno de los nombres y apellidos que forma ese 10% de barceloneses afectados por la pobreza energética. Hasta septiembre, Riveros pagaba 240 euros por la luz, el agua y el gas mientras que su pensión era de 254 euros. Antes de conseguir los bonos para las facturas y un alquiler social, solo le quedaban 14 euros cada mes para que ella y su hija comieran. “Compraba dos barras de pan cada semana, una el martes y otra el jueves, y lo racionaba mucho”, recuerda. Desde que consiguió las ayudas, su día a día es otro: “Cuando vimos que solo teníamos que pagar 30 euros de luz fue tremendo. No nos creíamos que pudiéramos comprar al fin un trozo de queso, que parece una tontería, pero fue como un manjar”.

La situación de Riveros comenzó a cambiar cuando acudió a las reuniones de la Alianza contra la Pobreza Energética. En ellas, diversos expertos y personas que han pasado por una situación parecida, ayudan y asesoran a otras que se deciden a pedir ayuda. “A nuestra asamblea, que es quincenal, acuden unas 40 personas de media, así que imagínate qué cantidad de gente sufre pobreza energética en esta ciudad. Seguramente, la cantidad sea mayor de la que imaginamos, porque no es fácil explicar estas situaciones: da vergüenza y hay muchos que prefieren callarse”, dice la portavoz de la APE, María Campuzano.

La última reunión de la APE del 2016 tuvo lugar el 14 de diciembre en el número 6 del carrer d’Obradors. “Vivo con mi hijo en un piso sin suministros desde hace varios meses” o “me ha llegado una factura de 600 euros que no podemos pagar”, eran algunas de las historias que los asistentes contaban cuando les llegaba el turno y para las que, tanto Campuzano como el resto del equipo de coordinación, intentaban encontrar soluciones.

La dificultad de afrontar las deudas afecta a la salud mental pero también física de las personas. “La pobreza energética está relacionada con enfermedades circulatorias, como puede ser el infarto o accidentes cardiovasculares, o respiratorias, como puede ser el asma, la gripe o las neumonías”, explica Dell’Olmo.

Pero la pobreza energética también puede llegar a matar, con una tragedia doméstica, como el caso de Rosa de Reus y otras personas que solo intentaban iluminarse o calentarse de manera rudimentaria. Los Bomberos de Barcelona dan recomendaciones para evitar incendios en los domicilios, pero muchas de ellas son difíciles de cumplir para las personas que se encuentran en esta situación. “Si las casas son muy pequeñas o están muy mal aisladas es muy difícil alejar las estufas de colchones o cortinas que puedan prender”, explica Rubén Estela, responsable de la Unidad de Desarrollo de Bomberos de Barcelona.

Cataluña es la más avanzada en la lucha contra la pobreza energética. La ley 24/2015, que nació de una Iniciativa Legislativa Popular gracias al esfuerzo de asociaciones como la Alianza contra la Pobreza Energética o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, fue aprobada por unanimidad en el parlamento catalán y es una de las más protectoras de Europa.

“Esta norma lo que hace es cambiar el paradigma y establecer por primera vez que las empresas tienen una responsabilidad y unas obligaciones”, explica Campuzano, que desde 2014 batalló a través de la APE para que esta medida saliese adelante. “Lo que hace es cambiar la perspectiva sobre qué es el acceso al agua, luz y gas. Con la legislación estatal se entiende que uno no paga la factura porque no quiere. Ahora, las empresas tienen que demostrarlo. Eso significa que las familias vulnerables están protegidas contra el corte de suministro”, explica Campuzano sobre esta ley que ha sido parcialmente suspendida por el Tribunal Constitucional tras un recurso del gobierno del PP.

Con esta ley se han conseguido parar 39.000 cortes de suministros en Cataluña, según cálculos de la APE. Una de las instrucciones que han ayudado a presionar a las empresas ha sido la que aprobó el Ayuntamiento de Barcelona en julio. Esta establece que las compañías están obligadas a informar a sus clientes de los derechos que recoge la ley 24/2015, a garantizar el principio de precaución para evitar cortes a familias vulnerables y a firmar acuerdos con el consistorio donde se recoja su corresponsabilidad en el abordaje de los casos.

Algunas de estas empresas, en un intento de sortear la ley catalana, se niegan a firmar acuerdos con los ayuntamientos, que es lo que tienen que hacer una vez que se detecta que una familia está en situación de vulnerabilidad. Otro problema es que las compañías cortan el suministro energético sin avisar al consistorio, de forma que este no pueden actuar para garantizar los servicios básicos si los afectados no se movilizan. “Por eso llevamos muchos meses diciéndole a la Generalitat que hay que vigilar a las empresas para que cumplan la ley. Solo así se pueden evitar casos como el de Reus, porque estas sociedades usan todos los inventos a su alcance para no reconocer este derecho”, dice Campuzano.

Para informar mejor a los ciudadanos sobre este asunto, Barcelona abrirá Puntos de Asesoramiento Energético. La medida se llevará a cabo en 2017 en todos los distritos de la ciudad después de la prueba piloto que se realizó en Nou Barris, Sant Martí, Sant Andreu y Sants-Montjuïc durante cinco meses el invierno pasado en colaboración con Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS). El proyecto, que tiene un presupuesto de 4.450.380 euros para los próximos dos años, también supondrá la contratación de 100 personas desempleadas de larga duración formadas para ser asesoras energéticas.

La prueba piloto, que se llamó Energía, la justa, atendió a 3.100 y, además del asesoramiento, se realizaron intervenciones de bajo coste para facilitar el ahorro energético en viviendas, como por ejemplo una doble cámara en los cristales con metacrilato o una chapa detrás de los radiadores para emitir más calor. El informe del proyecto dice que se recuperaron 454 cortes de suministro, que el 75% de los hogares no podían mantener una temperatura adecuada o que el 14% de los cortes no eran legales.

El Ayuntamiento de Barcelona también pretende remunicipalizar el servicio de agua. En Catalunya la mayoría de los municipios (506) gestionan el agua de manera pública, otros lo hacen de forma privada (394) y algunos tienen una fórmula mixta (45). El pasado noviembre, el pleno municipal de Barcelona aprobó la elaboración de informes técnicos y jurídicos para analizar esta posibilidad, ya que el consistorio cree que una gestión directa e integral del ciclo del agua traería tanto beneficios económicos y sociales a la ciudad, como la garantía de abastecimiento, una tarificación social en función de la renta y cambios estructurales en las políticas de interrupción de suministro.

El hecho de no poder tener acceso a agua corriente, iluminar una casa o mantenerla a una temperatura salubre, tiene unos efectos devastadores sobre la salud mental y física de las personas que están por debajo de los umbrales de la dignidad. La responsabilidad para evitar que esto suceda corresponde tanto a las administraciones como a los actores que se lucran con estos suministros básicos y que no pueden eludir.